¿Quién puede contratar a un detective privado y con qué finalidad?

La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla, pues cualquiera que quieras puede contratar un detective privado, pues es totalmente legal contar con la ayuda de un detective, por lo que cualquier persona física o jurídica está legitimada a recurrir a sus servicios.

La finalidad con la que se contrata a un detective privado viene regulada en el artículo 1 de la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada.

 

Artículo 1. Objeto.  

1. Esta ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que, desarrollados por éstos, son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Igualmente regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquéllas o éstos. Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública.

2. Asimismo, esta ley, en beneficio de la seguridad pública, establece el marco para la más eficiente coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que son complementarios.

 

La misma ley establece las funciones que se les permite llevar a cabo a los detectives en España, siempre que sean contratados por un tercero legitimado para la investigación de hechos privados que estén relacionados con los siguientes aspectos:

  • Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil o financiero. Y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuando aquello que se desarrolle en los domicilios o lugares privados.
  • La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en: ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos con grandes afluencias o ámbitos análogos.
  • La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos solo perseguibles a instancia de parte, siempre por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.
  • La investigación de delitos, siempre que se consideren como tales.

 

Los delitos a los que se hace referencia, son los siguientes:

  • Delitos societarios;
  • Delitos contra el mercado y a los consumidores;
  • Delitos sexuales de acoso, agresiones y/o abusos;
  • Delitos de descubrimiento y revelación de secretos;
  • Delitos relativos de a la propiedad intelectual o industrial, así como los que perjudican al mercado y a los consumidores;
  • Delitos de calumnias e injurias;
  • Delitos derivados de una imprudencia grave que den lugar a cualquiera de las lesiones recogidas en el artículo 147 del Código Penal.  

 

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